Antonia Machado González se mantiene postrada en una cama desde que se enteró que su hijo Julio Ampié Machado fue secuestrado presuntamente por un cártel en México, junto a su esposa y sus dos hijos, desde hace más de una semana, mientras intentaba buscar asilo en Estados Unidos.
Solamente se levanta para tomar su medicina y controlar su diabetes que padece desde varios años, pero que recientemente se descontroló cuando se enteró de la noticia.
“Ya se imaginan el dolor una madre, es un dolor tan grande y fuerte, lo que toda madre pasa en estas situaciones. Lo único que sabemos es que lo tiene un cartel de México y piden un rescate de 22.000 dólares, solo ruego lo entreguen con vida”, comenta a la Voz de América doña Antonia, habitante de Boaco, una ciudad ubicada a unos 90 kilómetros al noreste de Managua.
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Desde esta ciudad se despidió de su hijo, quien partió junto a su familia rumbo a Estados Unidos, sin dar ninguna información. Solo argumentó que iría en busca de mejores oportunidades tras encontrarse en el desempleo desde de haber salido de prisión por una Ley de Amnistía que fue aprobada en el país para quienes participaron en las protestas antigubernamentales de 2018.
-¿Hay algo nuevo que se sepa sobre él?- Pregunta la madre a su otro hijo Jorge Ampié, quien es el que ha estado en contacto vía telefónica con los sujetos que tienen secuestrada a su familia.
-Les acabo de depositar 1,500 dólares. Dicen que eso apenas les ayudará para la comida- Le contesta Jorge a su madre, quien aprieta un rosario en sus manos que tomó de un pequeño altar improvisado que realizó en la sala de su vivienda. Desde allí ora por su hijo durante varias veces en el día y coloca veladoras religiosamente.
Julio Ampié fue secuestrado el 3 de junio en la ciudad fronteriza de Reynosa, en México cuando pretendía llegar a Estados Unidos de forma irregular y pedir asilo. Según relatan los familiares, unos hombres irrumpieron en el apartamento donde esperaban ser cruzados al país vecino.
Estando ahí asegura que perdieron comunicación con ellos, y posteriormente recibieron llamadas de hombres que les decían que tenían en su poder a la familia y que dependía de ellos que siguieran con vida.
La familia Machado es de origen humilde. Reunir ese monto escapa de sus manos. En la vivienda viven cuatro personas, la madre del joven raptado y sus tres hermanos.
“No hemos podido reunir la cantidad que piden”, dice el hermano a cargo del caso. La familia ha recurrido a los medios de comunicación y también a amigos cercanos al joven para pedir auxilio. También han vendido “algunos animalitos”, como unas reses que tenían desde hace un par de años.
“Con todas las colectas y el apoyo de la gente tenemos 14 mil dólares reunidos, pero seguimos en búsqueda”, dice la madre con la voz quebrada, mientras gira su rostro a una imagen religiosa.
“Confío en Dios que saldremos de esto. Lo que le ocurre a mi hijo es peor que lo vivido en 2018 cuando lo detuvieron por andar en protestas. Siento que muero de aflicción”, dice, mientras hace una pausa para limpiarse las lágrimas.
ONG nicaragüense pedirá información
La familia no ha interpuesto ninguna denuncia ante las autoridades nicaragüenses porque desconfían incluso de la justicia que asegura que es la que los persigue por ser opositores, pero sí lo han hecho ante la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), el único organismo con personalidad jurídica que queda en Managua y en donde Machado estuvo trabajando con Coordinador de dicha organización en la ciudad de Boaco.
Carla Sequeira, directora de asesoría legal de la CPDH, y quien estuvo a cargo de la defensa de Machado cuando fue acusado por la justicia en 2018, comenta que desde que recibieron la denuncia del secuestro, iniciaron los trámites ante las autoridades mexicanas para que digan si tienen información al respecto.
“La familia manifiesta que quienes habían llegado al lugar en donde estaban habían sido policías, entonces no entendemos cómo caen en un cartel de droga. Queremos poner en conocimiento al Estado de México para saber cuál es la situación de Julio Ampié”, dijo Sequeira a la VOA.
La abogada tiene claro que la situación de persecución y arrestos recientes contra líderes de la sociedad civil está empujando a miles de personas a salir del país por razones de seguridad.
Más nicaragüenses salen del país
Y añade que esto se ha visto reflejado en un incremento en la recepción de las denuncias de la población. Muchos de ellos manifiestan la intención de salir del país.
“Estamos claros que la situación está peor por la persecución que se da. La gente está atemorizada y buscar cómo resguardar su vida”, dice Sequeira.
Claudia Vargas, oficial de programa de la Fundación Arias en Costa Rica, contabiliza que solo durante el primer trimestre de 2021, el país vecino ha recepcionado al menos nueve mil nuevas solicitudes de refugios.
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Costa Rica acoge a dos tercios del total de refugiados nicaragüenses y solicitantes de asilo. Los últimos datos revelaron que en este país hay unas 77.000 personas huyendo de la represión del gobierno.
Alrededor de 8.000 personas han huido a Panamá y otras 9.000 a Europa, mientras que México acoge a 3.600 personas. Con 5.100 en otros países, en el mundo hay un total de 103.600 personas nicaragüenses refugiadas y solicitantes de asilo, según los datos de ACNUR en 2020.
Vargas señala que estos picos se elevan cuando hay brotes de violencia o arrestos en Nicaragua a como ha ocurrido durante los últimos meses con la detención de una veintena de personas.
“Estos flujos migratorios parecen ser asociados a la represión. Son indicios de represiones selectivas y muestra de ello es que volvemos a tener un pequeño aumento de solicitudes en mayo, junio y julio que es donde hay una nueva arremetida política y logramos ver un incremento de solicitud de refugio”, señala.
En el año 2018, la Fundación Arias contabiliza en base a datos de Migración y Extranjería de Costa Rica, la solicitud de refugios de 27.000 nicaragüenses, sin embargo la cifra bajó en previo a la pandemia.
A diferencia de 2018, la experta en la parte de la crisis nicaragüense considera que la situación para los solicitantes de refugio es bastante crítica pues la pandemia ha relentizado los procesos para la estadía de las personas.
“Si bien es cierto que el gobierno de Costa Rica ha brindado una apertura y documenta los casos y brinda refugio, la verdad es que el carnet no garantiza a que tengas el acceso a todo en Costa Rica, más ahora hay una crisis que ha afectado los empleos en Costa Rica, y no digamos cómo afecta a los nicaragüenses”, concluye.
Por su parte Carla Sequeira de la CPDH de Nicaragua, asegura que solo en junio, que fue cuando se arrestó a gran parte de opositores, se recepcionaron denuncias de más de 300 personas, quienes manifestaron la necesidad de salir del país por la persecución en su contra.
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